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Eficiencia de diputados no corresponde con los incrementos a sus prerrogativas

  • Foto del escritor: Medios Diversos
    Medios Diversos
  • 21 oct 2025
  • 2 Min. de lectura

La eficiencia del Congreso de la Ciudad de México se estima en apenas 5.9 por ciento, según indicadores del propio Poder Legislativo.


Dicho porcentaje es resultado del número de dictámenes aprobados respecto del total de iniciativas de ley presentadas, que durante el primer semestre de este año sumaron 531.


En cuanto a los puntos de acuerdo –que son “peticiones y recomendaciones hechas al Ejecutivo para satisfacer intereses y derechos legítimos de la población”–, la eficiencia fue de 4.08 por ciento, pues sólo ese porcentaje fue aprobado por el pleno, pues el resto fue dirigido a las comisiones donde cada punto tiene que ser analizado mediante un proceso de dictaminación. A su vez, las autoridades tienen un máximo de 60 días naturales para responder las solicitudes del Legislativo.


Dichos datos se generan por la Coordinación de Servicios Parlamentarios y son públicos por el área de transparencia del Congreso local.


Ayer, este medio publicó que los diputados locales han incrementado recursos millonarios destinados a sus prerrogativas y trabajo parlamentario, pese al bajo porcentaje de dictaminación de leyes, y que en lo que va de 2025 se aumentaron 44 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado a inicios del año.


Según el reglamento del Legislativo, el plazo para emitir un dictamen es de 45 días a partir de la recepción formal del asunto; además, se podrá solicitar una prórroga por el mismo tiempo; es decir, los presidentes de las comisiones tienen la obligación de presentar dictámenes en un tiempo máximo de 90 días o tres meses.


Sin embargo, en los hechos las comisiones siguen analizando y dirimiendo asuntos que, incluso recibieron desde el año pasado. Un ejemplo de ello es la iniciativa para eliminar el capítulo del aborto del Código Penal local, cuyo dictamen fue aprobado en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, pero las consultas ciudadanas y foros que fueron anunciados no se han realizado.

 
 
 

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